Barcelona, 24 de enero del 2012.- Todas las empresas vinculadas al sector de la obra pública pueden ver pagadas sus deudas a partir del próximo mes de abril (o como muy tarde antes del verano). Para abril el Gobierno ha aprobado una línea de financiación para las Comunidades Autónomas.
Según informa el diario económico Expansión, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que esta línea de crédito extraordinaria podría estar lista “en un par de meses”, aunque también ha hablado de “pocas semanas”. El plazo para su puesta en marcha se irá viendo a medida que se vayan identificando los proveedores que tienen que cobrar. “Nuestra intención es que cobren antes del verano”, ha insistido. La intención del Gobierno es que esos proveedores a los que las autonomías deben dinero puedan cobrar las facturas pendientes “antes del verano”, pues las deudas que las comunidades tienen con ellos, que en algunos casos vienen de lejos, les está impidiendo que puedan financiarse e incluso el cierre de negocios.
También “en las próximas semanas”, ha precisado el ministro, se aprobará la ampliación a diez años del plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros), así como el adelanto que hará el Gobierno a las autonomías de la liquidación del ejercicio 2010 y que supondrá que reciban antes de julio, como estaba previsto, unos 8.000 millones de euros.
Montoro ha recordado que los mecanismos que va a arbitrar el Gobierno para procurar liquidez excepcional a las comunidades autónomas están condicionados a la presentación por su parte de un plan de viabilidad presupuestaria y a que el compromiso por la reducción del déficit público se plasme en un recorte de sus entes públicos.
La línea ICO es una de las medidas que puso el Gobierno sobre la mesa durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aliviar las finanzas autonómicas y avanzar así en el objetivo de reducir el déficit público y que Montoro adelantó a los medios antes de participar en la reunión del CPFF, donde ha explicado que se trata de “apoyos excepcionales” de liquidez. Así, el Gobierno ha planteado a las comunidades las líneas generales de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que trasladará al sistema institucional español la gobernanza económica europea en términos de obligaciones, de apoyo y de sanciones. Según Montoro, el encuentro ha servido para mostrar la disposición del Gobierno de agilizar el cumplimiento de los objetivos y garantizar la estabilidad financiera de las comunidades con mecanismos “excepcionales” de liquidez, puesto que de ellas depende la continuidad de la financiación de los grandes servicios públicos.
Muy atentos a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera
El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1.980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), en su artículo 3, con el objetivo de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por el Ministro de Economía y Hacienda, el de Administraciones Públicas (actualmente de Política Territorial y Administración Pública) y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1366/2010 y en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo, corresponde a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales el desempeño de la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, como órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera, entiende de las siguientes materias:
- la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado
- la emisión de los informes y la adopción de los acuerdos previstos en la Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
- el estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación
- el estudio, la elaboración, en su caso, y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costes de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas
- la apreciación de las razones que justifiquen, en cada caso, la percepción por parte de las Comunidades Autónomas de las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afectación
- la coordinación de la política de endeudamiento
- la coordinación de la política de inversiones públicas
- en general, todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera establece su régimen de funcionamiento, en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.
